Informe Analítico de Riesgo Institucional: Evaluación de las Propuestas de Consolidación del Poder Ejecutivo en Estados Unidos (2025-2029)

El presente informe detalla un análisis exhaustivo de las propuestas programáticas y retóricas del expresidente Donald Trump y sus aliados para una potencial reestructuración radical del gobierno federal, examinando específicamente los planes para centralizar el poder ejecutivo, desmantelar el estado administrativo, utilizar herramientas de coerción doméstica y controlar la esfera informativa. El análisis contrasta estas ambiciones con las realidades del sistema de controles y equilibrios (checks and balances) de Estados Unidos, evaluando la viabilidad legal y los riesgos democráticos antes de las próximas elecciones presidenciales.

I. Marco Analítico: Las Bases de la Concentración de Poder Ejecutivo

1.1. Fundamento Filosófico: La Doctrina de la Teoría Unitaria del Ejecutivo

La agenda para una expansión radical del poder presidencial en Estados Unidos se sustenta en la interpretación legal conocida como la Teoría Unitaria del Ejecutivo (Unitary Executive Theory). Esta doctrina postula que el presidente, como jefe de la rama ejecutiva, posee control irrestricto y absoluto sobre todas las funciones de las agencias y departamentos federales. Bajo esta visión, las agencias independientes y el servicio civil de carrera no son entidades autónomas o neutrales, sino extensiones directas del poder presidencial.

Históricamente, la autoridad ejecutiva en EE. UU. ha visto una expansión gradual, a menudo justificada por la necesidad de agilidad en tiempos de crisis o guerra. Sin embargo, los planes actuales buscan transformar esta autoridad para un objetivo más profundo: "vaciar los controles y equilibrios" (gut checks and balances). Los proponentes de esta agenda argumentan que las estructuras de contención existentes (incluyendo la independencia burocrática y las agencias reguladoras) han obstaculizado la implementación de la voluntad presidencial. La premisa central de esta ideología es que un presidente debe ser "infundido con inmunidad absoluta" y "sin restricciones" por los límites que protegieron ciertos derechos y libertades durante la primera presidencia. La meta es concentrar el poder de manera inédita en la figura del Presidente, asegurando el control total sobre la vida de los ciudadanos. 

1.2. Project 2025: El Blueprint para la Destrucción del Estado Administrativo

La hoja de ruta operativa para la concentración del poder es el Project 2025, un esfuerzo concertado de think tanks conservadores y exfuncionarios de la administración Trump. Este plan se formaliza en un manifiesto de 920 páginas titulado Mandate for Leadership, que proporciona un esquema detallado para la reestructuración radical o la abolición de la mayoría de las agencias federales. El objetivo declarado del plan es desmantelar el "estado administrativo" y reorganizar el gobierno para servir a una agenda de extrema derecha. 

El plan se articula sobre cuatro pilares estratégicos diseñados para garantizar la toma inmediata del control gubernamental:

1. Project 2025 Blueprint: Un manual de política detallado que ofrece planes para abolir o reestructurar cada agencia federal existente.

2. Personnel Database: Una base de datos diseñada para recoger miles de currículos de individuos que han superado una "prueba de lealtad MAGA," destinados a reemplazar a los empleados civiles de carrera no partidistas. 

3. Administration Academy: Un centro de formación privada enfocado en dar forma y preparar a estos leales ideológicos para que tomen posiciones gubernamentales y politicen el servicio civil.

4. First 180 Days Playbook: Un plan de acción secreta que incluye órdenes ejecutivas inmediatas y otras acciones que los promotores consideran "demasiado controvertidas para ser publicadas".

La insistencia en un "Playbook de 180 Días" para implementar acciones inmediatas y contundentes desde el Día Uno es un elemento crucial de la estrategia de riesgo. La vulnerabilidad de la democracia estadounidense es máxima durante la transición presidencial. Las ramas legislativa y judicial son intrínsecamente lentas: el litigio, las audiencias del Congreso y las revisiones judiciales toman meses. Al tener una hoja de ruta detallada para la acción ejecutiva inmediata, la nueva administración busca generar una inercia política y legal masiva, creando hechos consumados que serían extremadamente costosos y difíciles de revertir legal o políticamente más adelante. El tiempo se convierte en una barrera institucional contra la capacidad de defensa del sistema de pesos y contrapesos.

II. Desmantelamiento del Estado Administrativo y Control Burocrático

2.1. El Mecanismo de la Purga: La Amenaza de Schedule F

El mecanismo más directo para desmantelar la neutralidad burocrática es la reinstauración de Schedule F. Este es un esfuerzo para reorientar las funciones regulatorias, administrativas y de investigación del gobierno, alejándolas del interés público y dirigiéndolas hacia los intereses del presidente. 

Schedule F es una herramienta ejecutiva que reclasificaría a decenas de miles de empleados federales (posiblemente más de 50,000) de puestos protegidos por el mérito a puestos "política-influyente" o "de formulación de políticas," eliminando así sus protecciones contra el despido. Una Orden Ejecutiva para este fin fue emitida previamente. La reinstauración de Schedule F socavaría el sistema de servicio civil apolítico, basado en el mérito, que fue establecido por la Ley Pendleton de 1883. Este cambio reemplazaría la experiencia y la imparcialidad con la fidelidad política.

Este cambio tiene una profunda implicación: facilita que un presidente con aspiraciones autoritarias abuse de su poder para castigar, intimidar y silenciar a oponentes, ya que los beneficios, contratos, licencias, aprobaciones de fusiones, exenciones regulatorias y penas civiles del gobierno pueden volverse contingentes a la demostración de lealtad personal.   

2.2. Ataque a Agencias Reguladoras Clave y Derechos Laborales

El Proyecto 2025 contempla la disolución o reestructuración radical de múltiples agencias con el objetivo de reducir drásticamente el alcance regulatorio del gobierno federal. Ejemplos incluyen el desmantelamiento del Departamento de Educación.

Las consecuencias se extienden al ámbito socioeconómico. Project 2025 propone recortes sustanciales a programas sociales vitales. Se ha respaldado elevar la edad de jubilación de 67 a 69 años para el Seguro Social, lo que afectaría a millones de beneficiarios y reduciría los beneficios de un jubilado promedio en decenas de miles de dólares a lo largo de una década. También se proponen límites de por vida a los beneficios de Medicaid, poniendo en riesgo la cobertura de millones de personas de bajos ingresos. 

En el frente laboral, el plan busca eliminar protecciones federales, debilitar las uniones laborales del sector público (como AFSCME) y facilitar que las corporaciones despidan a trabajadores que participan en la organización sindical. Estas propuestas llevarían a profundos recortes presupuestarios, eliminación y privatización de agencias, resultando en la pérdida estimada de hasta un millón de puestos de trabajo federales, con el argumento de eliminar la "burocracia redundante".

2.3. La Politización de la Justicia: El DOJ y el FBI como Armas Políticas

Una de las amenazas institucionales más graves es el plan de Project 2025 para aumentar drásticamente la cuota de nombramientos políticos dentro del Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, asegurando que se asignen "suficientes recursos" para garantizar una "responsabilidad adecuada". En el contexto del Proyecto 2025, la "responsabilidad" se interpreta como lealtad al presidente, no al estado de derecho.

Esta estrategia alimenta las preocupaciones de que el aparato legal y de seguridad de EE. UU. sea instrumentalizado (weaponized) contra oponentes políticos. Existen antecedentes y alegaciones documentadas sobre el uso de agencias federales de aplicación de la ley para investigaciones y acciones civiles orientadas a infligir "dolor político" a los percibidos como enemigos. La intención de purgar a los profesionales de carrera en el DOJ y el FBI, y reemplazarlos con leales, tiene como objetivo claro eliminar las barreras internas que impiden el uso selectivo del poder procesal. 

La purga de expertos a través de mecanismos como Schedule F no solo introduce sesgo político, sino que aniquila la capacidad técnica y la memoria institucional. Los científicos, ingenieros y abogados de carrera son esenciales para el funcionamiento gubernamental eficiente (por ejemplo, en la FAA, CDC, o EPA). Al reemplazarlos con individuos cuya principal calificación es la fidelidad partidista, se destruye la base de conocimiento acumulado. El gobierno resultante se volvería no solo potencialmente autoritario, sino también inherentemente incompetente en la gestión de crisis complejas, como pandemias, desastres naturales o la seguridad económica. Esta pérdida de capacidad operativa aumentaría directamente el riesgo para la seguridad nacional y la ciudadanía. Si esta estrategia se aplica, por ejemplo, en agencias como FEMA, la respuesta a desastres se deterioraría gravemente, a pesar de las afirmaciones de la administración de reducir el "exceso burocrático".

III. Instrumentos de Coerción Doméstica y Expansión Militar

3.1. La Ley de Insurrección (Insurrection Act): Despliegue Militar Doméstico

Donald Trump ha expresado abiertamente su intención de invocar la Ley de Insurrección si regresa a la Casa Blanca, lo que le permitiría desplegar tropas federales en ciudades sin ser solicitado por las autoridades locales. Este plan se enmarca en una estrategia de "mano dura contra el crimen."

El Insurrection Act (Artículo 10 del Código de EE. UU., Secciones 251-255) es una ley federal que permite al Presidente utilizar las fuerzas armadas para reprimir una insurrección, violencia doméstica, o conspiraciones que impidan la aplicación de las leyes federales, haciendo impracticable el gobierno. Sin embargo, expertos legales han advertido que la legislación existente no otorga una cobertura legal para que el Presidente despliegue tropas federales en ciudades simplemente para "restaurar el orden público" sin una justificación de insurrección clara y comprobable.

El uso inapropiado del Acto de Insurrección amenaza gravemente el principio de Posse Comitatus (que restringe el uso de las fuerzas militares para la aplicación de la ley civil). Un despliegue unilateral podría resultar en la militarización de la policía doméstica y abrir la puerta al perfilamiento racial y a la supresión de protestas legítimas. La aplicación de estas fuerzas sin un control judicial o estatal adecuado podría habituar a la población a una forma de actuación policial que se amplía progresivamente, primero hacia inmigrantes indocumentados y luego hacia ciudadanos en general, bajo el pretexto de controlar el crimen.

3.2. Reforma Militar y la Integración de la Inteligencia Artificial (IA)

La reforma del Departamento de Defensa (mencionado en algunos contextos como el "Departamento de Guerra" ) se enfoca en la modernización estratégica, priorizando el desarrollo de capacidades en Inteligencia Artificial (IA), hipersónica y energía dirigida. El Ejército de EE. UU. ya está integrando la IA para la toma de decisiones críticas de liderazgo y pronósticos estratégicos. Por ejemplo, comandantes militares han reportado el uso de plataformas como ChatGPT para generar modelos que ofrecen una ventaja táctica, siguiendo el marco estratégico conocido como "OODA Loop" (Observar, Orientar, Decidir, Actuar). 

El análisis de riesgo surge de la posible combinación de esta capacidad tecnológica avanzada con la disposición del ejecutivo a utilizar la fuerza militar domésticamente a través del Acto de Insurrección. La capacidad de la IA para procesar inteligencia y "pronosticar movimientos futuros"  o para apoyar la toma de decisiones militares tácticas  podría, si se aplica al control civil doméstico, introducir sesgos algorítmicos en la vigilancia, la identificación de amenazas o la justificación del uso de la fuerza contra civiles.

La amenaza del despliegue militar unilateral también implica una grave erosión del federalismo. El despliegue de la Guardia Nacional bajo el Título 10, o el uso del Acto de Insurrección, chocaría directamente con la autoridad del gobernador, bajo cuyo mando opera la mayoría de la Guardia Nacional (Título 32). Una administración que intente federalizar fuerzas para fines políticos cuestionables provocaría una crisis constitucional sin precedentes, obligando a las estructuras estatales de seguridad a elegir entre la lealtad federal o estatal, fracturando la cohesión del sistema de seguridad nacional y la seguridad pública. Los estados tienen la capacidad de litigar y oponerse activamente a la aplicación de fuerzas federales que consideren una extralimitación de la autoridad.

IV. Control de la Esfera Informativa y Libertad de Prensa

4.1. Amenazas a los Intermediarios Digitales y la Sección 230

La administración ha identificado a las plataformas de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube) como un punto de control clave, criticando su "poder inmenso e incluso sin precedentes para dar forma a la interpretación de los eventos públicos; censurar, eliminar o hacer desaparecer información". El expresidente ha calificado las acciones de estas empresas como "censura selectiva" que es "fundamentalmente anti-estadounidense".

La vía más viable para ejercer presión sobre estas plataformas no es la regulación directa de contenidos (lo cual chocaría con la Primera Enmienda), sino mediante la revocación o limitación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta sección confiere inmunidad legal a las plataformas por el contenido publicado por terceros. Un cambio o revocación obligaría a las plataformas a asumir responsabilidad legal por el contenido de sus usuarios, convirtiéndolas, según la retórica ejecutiva, en "creadores de contenido". La amenaza de litigios masivos y costosos por difamación o contenido ilegal obligaría a las plataformas a ejercer una autocensura estricta para mitigar el riesgo legal.

4.2. Viabilidad Legal del "Cierre" de Medios Tradicionales

El cierre directo de medios de comunicación o agencias de noticias tradicionales por orden ejecutiva es, de acuerdo con el marco legal actual de EE. UU., constitucionalmente inviable. La Primera Enmienda ofrece protecciones extremadamente sólidas a la libertad de prensa.

Sin embargo, el riesgo real es indirecto y opera en el ámbito económico y legal. Las amenazas históricas contra la prensa han incluido el uso de retórica hostil, vetos a la acreditación de periodistas, demandas por difamación y, crucialmente, el potencial uso de un Departamento de Justicia politizado para iniciar investigaciones regulatorias o fiscales selectivas contra organizaciones de noticias críticas. La asfixia financiera o la coerción legal, aunque no equivalen a un cierre directo, pueden tener un efecto debilitador significativo sobre la independencia editorial.

4.3. El Papel de la Desinformación y la Inteligencia Artificial (IA)

La desinformación se ha consolidado como un actor central en la política estadounidense , y los avances en IA han intensificado esta amenaza. Las herramientas de IA permiten a los adversarios de la democracia intensificar los esfuerzos de supresión de votos y contaminar el entorno informativo con una magnitud y sofisticación nunca antes vistas. Ejemplos incluyen videos ralentizados o contenido manipulado (deepfakes) diseñado para engañar a los votantes o deslegitimar a los candidatos.

El objetivo estratégico de este control mediático y la amplificación de la desinformación no es solo influir en una elección particular, sino crear una realidad política alternativa y destruir la confianza en las instituciones fácticas (medios, funcionarios electorales, el propio gobierno). Si la legitimidad del proceso electoral se anula sistemáticamente antes de la votación, y si los votantes solo confían en las narrativas promovidas por el líder, la justificación de cualquier acción ejecutiva radical (incluidas las violaciones constitucionales) se vuelve políticamente viable. Estas acciones se perciben entonces como actos necesarios de "salvación" nacional contra un "estado profundo" mentiroso, lo que reduce drásticamente la presión pública y política necesaria para detener la extralimitación ejecutiva. 

V. Evaluación de Narrativas de Riesgo Extremo y Teorías Conspirativas (Fact-Check)

Es imperativo contrastar los planes verificables de reforma institucional con las narrativas conspirativas extremas que circulan en el ecosistema informativo. Si bien estas últimas carecen de base fáctica, su impacto sociopolítico es significativo, ya que fomentan la desconfianza y la paranoia.

5.1. El Mito de los "Campos de Concentración" de FEMA/DHS

La teoría conspirativa de los "campos de FEMA" postula que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están construyendo o utilizando instalaciones para la detención masiva de disidentes o ciudadanos en caso de ley marcial. En algunas versiones extremas, se afirma que serán utilizados para la exterminación como parte de un "Nuevo Orden Mundial". 

Esta teoría se originó en la década de 1970, vinculada a planes de contingencia gubernamentales como Rex 84, y ha sido amplificada enormemente por la proliferación de internet y las redes sociales, especialmente en momentos de crisis (como el huracán Sandy o la pandemia de COVID-19).

Las agencias federales han refutado categóricamente estas afirmaciones. FEMA niega explícitamente que detenga o interne personas, que establezca campos de concentración, o que promulgue la ley marcial. La función política de este rumor es deslegitimar las instituciones de respuesta a emergencias y fomentar la desconfianza sistémica.

5.2. El Desarme Forzoso de la Población y la Imposibilidad Constitucional

Una preocupación frecuente entre segmentos de la población es la posibilidad de un desarme forzoso bajo una administración ejecutiva fuerte. Sin embargo, no existe evidencia verificada en los blueprints operacionales (como Project 2025) o en declaraciones programáticas que propongan el desarme forzoso de la población civil.

Cualquier intento de desarmar a la población encontraría una resistencia constitucional y política insuperable. La Segunda Enmienda es un pilar legal fuertemente defendido por el poder judicial y los estados, lo que haría que cualquier intento de confiscación masiva fuera de viabilidad legal nula. Esta narrativa, aunque carece de base fáctica en los planes verificables, cumple la función política de movilizar a la base de votantes pro-armas y reforzar una identidad anti-gobierno.

5.3. Eventos de "Falsa Bandera" (False Flag) en el Discurso Político

Las teorías de "falsa bandera" son narrativas que alegan que incidentes violentos, como tiroteos o intentos de asesinato (ejemplo, el incidente contra Trump), son eventos orquestados por fuerzas internas del "estado profundo".

El surgimiento de estas teorías es casi instantáneo tras un evento, amplificado por cuentas que a menudo no son auténticas (hasta un 45% en algunos casos) y que utilizan contenido generado por inteligencia artificial para sembrar dudas. El Institute for Strategic Dialogue (ISD) ha documentado cómo estas narrativas se reciclan y utilizan para sembrar desconfianza. El riesgo de esta práctica es doble: socava la capacidad de las agencias de seguridad para investigar incidentes reales y genera un ambiente de polarización tóxica donde la realidad objetiva se desintegra.

Tabla 2: Análisis de las Narrativas Conspirativas de Alto Impacto

Narrativa Extrema	Afirmación Específica	Estatus de Verificación / Base Factual	Origen Histórico/Difusión	Función Política Clave
Campos de FEMA/DHS 31	Detención masiva de disidentes o uso de instalaciones para internamiento.	Falsa. FEMA refuta la detención y el establecimiento de campos.33	Planificación de contingencia (Rex 84, Años 70s) y redes sociales.31	Deslegitimación del gobierno federal y fomento del miedo.
Desarme Forzoso 35	Confiscación masiva de armas de fuego civiles.	Falsa. No incluido en planes operativos. Legalmente inviable por la Segunda Enmienda.	Polarización extrema en torno a la Segunda Enmienda.	Movilización de la base y refuerzo de identidad anti-gobierno.
Eventos de Falsa Bandera 30	Incidentes de seguridad orquestados por el "estado profundo."	Falsa (en el contexto específico). Propagada por cuentas no auténticas y contenido de IA.30	Narrativa histórica de desconfianza, amplificada por IA/redes sociales.28	Creación de desconfianza en los hechos objetivos y justificación de la autodefensa política.

VI. Límites Constitucionales y Factores de Resistencia Institucional

A pesar de la ambición de Project 2025 de desmantelar el sistema de checks and balances, el poder ejecutivo en EE. UU. sigue sujeto a restricciones legales significativas.

6.1. El Rol del Congreso: Control Financiero y Político

El Congreso conserva el poder de la billetera, controlando la financiación de los programas federales. Las medidas más radicales de Project 2025, como el desmantelamiento de agencias (EPA, Educación) o la reestructuración masiva, requieren asignaciones presupuestarias o cambios legislativos que el Congreso puede bloquear. La parálisis política y la fractura interna dentro del Partido Republicano han generado crisis institucionales previas (como la prolongada elección del Speaker de la Cámara de Representantes en 2023). Si bien esta radicalización debilita la capacidad del Congreso para gobernar, paradójicamente también dificulta la aprobación expedita de la legislación necesaria para materializar los aspectos más ambiciosos del Proyecto 2025.

6.2. La Corte Suprema y la Revisión Judicial

El poder judicial federal, encabezado por la Corte Suprema, funge como un freno crucial, con la autoridad para declarar inconstitucionales tanto las leyes aprobadas por el Congreso como las Órdenes Ejecutivas presidenciales. El presidente nomina a los jueces, pero el Senado debe confirmarlos. 

Actualmente, la Corte Suprema está en proceso de revisar doctrinas clave que podrían restringir sustancialmente el poder ejecutivo, especialmente en decisiones relacionadas con la regulación y la seguridad nacional sin autorización legislativa clara. Una postura más restrictiva fortalecería la independencia judicial y establecería límites más claros a la autoridad presidencial, obligando al ejecutivo a litigar o a buscar la vía legislativa, un proceso más lento y sujeto a control.

6.3. Factores Adicionales de Resistencia

Además de los límites federales, existen capas de resistencia:

• Gobiernos Estatales y Locales: Los estados, particularmente aquellos con administraciones opuestas a la agenda federal (como California, que se vería afectada por los recortes sociales propuestos ), tienen poder para litigar contra el gobierno federal y negarse a cooperar en la aplicación de leyes extremas, como en el caso del Insurrection Act. 

• Resistencia Burocrática Profesional: La resistencia interna por parte de empleados federales de carrera, la negativa a ejecutar órdenes que se consideren inconstitucionales o ilegales, y las filtraciones a los medios de comunicación pueden actuar como mecanismos de contención que ralentizan o exponen los abusos de poder.

VII. Conclusiones y Análisis de Riesgo Político (2024-2026)

7.1. Escenarios de Riesgo Crítico: La Ventana de Vulnerabilidad de 2025

El análisis de riesgo institucional indica que la amenaza más inminente y de mayor impacto emana de las acciones que pueden ser implementadas unilateralmente por el ejecutivo desde el primer día, sin requerir la aprobación del Congreso:

1. Schedule F y la Politización Burocrática: La reinstauración de Schedule F  y el aumento de nombramientos políticos en el DOJ/FBI  representan los mayores riesgos institucionales inmediatos. Estas acciones redefinen la relación del presidente con el estado de derecho y eliminan la neutralidad esencial de la administración pública.

2. Uso del Insurrection Act: El uso agresivo de la Ley de Insurrección  es el escenario más probable para desencadenar una crisis constitucional inmediata con los estados y el poder judicial, poniendo a prueba los límites del federalismo y el principio de Posse Comitatus. Aunque de viabilidad legal cuestionable , el solo intento obligaría a un conflicto jurídico y logístico a nivel nacional.

Los planes que requieren una acción legislativa (como grandes recortes al Seguro Social o desmantelamiento completo de agencias) enfrentan una viabilidad legal media-baja, dependiendo de la configuración del Congreso.

Tabla 1: Evaluación de Riesgo y Viabilidad de las Propuestas Centrales de Consolidación de Poder

Mecanismo de Poder	Objetivo Central	Mecanismo de Implementación	Viabilidad Legal/Institucional (2025)	Riesgo para la Democracia
Schedule F (EO) 3	Purga Masiva del Servicio Civil (Hasta 50,000+ puestos).	Reactivación Inmediata por Orden Ejecutiva.	Alta (Activable por el Ejecutivo, bajo revisión judicial).	Muy Alto (Eliminación de neutralidad burocrática).
Ley de Insurrección 14	Despliegue Militar Unilateral en Ciudades Domésticas.	Activación Presidencial Unilateral.	Media (Alto riesgo de litigio y crisis de federalismo).	Alto (Erosión de Posse Comitatus y derechos civiles).
Desmantelamiento Agencias 1	Absorción/Eliminación de funciones reguladoras.	Reestructuración ejecutiva y recortes presupuestarios.	Media-Baja (Depende de financiación del Congreso o fallo judicial).	Alto (Pérdida de capacidad regulatoria y experiencia).
Politización DOJ/FBI 9	Uso de Agencias Investigadoras contra Opositores.	Aumento de nombramientos políticos/Purga Schedule F.	Alta (Estrategia de nombramientos y coerción).	Muy Alto (Fin del estado de derecho y justicia politizada).

7.2. Implicaciones a Largo Plazo para la Estabilidad Democrática

El riesgo principal del Project 2025 y las acciones asociadas no es solo la implementación de políticas específicas, sino la institucionalización de la lealtad política sobre el mérito. El éxito de esta agenda transformaría la burocracia federal, pasando de ser un cuerpo neutral de expertos a una extensión partidista del presidente.

Además, el riesgo no termina en el resultado electoral, sino en la negación potencial de los resultados. La amplificación sistemática de narrativas de desinformación electoral (como el alegato de que las máquinas de voto están manipuladas o que los inmigrantes votan ilegalmente)  crea un ambiente donde el rechazo de una derrota está pre-justificado ante la base de votantes. El objetivo es deslegitimar el proceso democrático en sí mismo. Si la legitimidad del proceso electoral se anula, cualquier resultado adverso puede ser tratado como una conspiración del "estado profundo," lo que proporciona una justificación para la acción ejecutiva extrema, incluida la negativa a una transferencia pacífica de poder, socavando la estabilidad democrática de la nación a largo plazo.

Finalmente, la perpetuación de narrativas conspirativas (falsa bandera, FEMA) y el uso de tecnologías sofisticadas como la IA para contaminar el entorno informativo  aseguran que, incluso si el Congreso o los tribunales logran bloquear las políticas más extremas, la confianza en las instituciones continuará erosionándose, dejando al sistema político estadounidense profundamente polarizado y vulnerable a futuras crisis de autoridad y legitimidad.